Los fiscales los acusan de una estructura organizada para saquear instituciones del Estado dominicano
El Ministerio Público presentó una acusación demoledora ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en la que solicita 20 años de prisión para Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como cabecilla de una red criminal que, a través de maniobras fraudulentas, tráfico de influencias y testaferros, habría desviado más de 5 mil millones de pesos del Estado dominicano.
Las autoridades judiciales también piden una condena económica de 400 salarios mínimos contra Medina, así como su inhabilitación para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado durante una década. Además, exigen el decomiso total de los bienes adquiridos mediante los recursos saqueados del erario.
El Ministerio Público asegura que la red operaba con contratos simulados, uso de prestanombres y violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas.
Entre los acusados se encuentran funcionarios, empresarios y testaferros que participaron activamente en el desvío de fondos, incluyendo a la hermana del principal imputado, Carmen Magalys Medina Sánchez, entonces vicepresidenta administrativa del Fonper, a quien se le solicita una condena de 10 años de prisión.
Otros imputados enfrentan penas de 3 a 15 años de cárcel, así como multas, inhabilitaciones y degradación cívica. Entre ellos destacan:
- José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, acusados de actuar como prestanombres, para quienes se piden 15 años de prisión.
- Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper, y otros funcionarios cercanos al entramado, para quienes se solicitan 10 años de cárcel.
- Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Germosén Andújar, excontralor general, enfrentan peticiones de 5 años por corrupción, desfalco y lavado.
Entre los implicados se encuentran: - Varios más están señalados por lavado de activos, porte ilegal de armas, soborno y falsedad documental.
La fiscal Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que las pruebas presentadas en más de un año de audiencias han demostrado la existencia de una organización criminal estructurada que drenó recursos públicos a través de empresas fachada y licitaciones amañadas.
“Cada peso robado al Estado representa un niño sin escuela, un paciente sin medicamentos, una comunidad sin agua”, expresó Ortiz al tribunal, llamando a la reflexión colectiva sobre el impacto real de la corrupción.
Uno de los casos particulares es el de Víctor Matías Encarnación Montero, quien firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Se solicitó para él una pena suspendida de cinco años, con condiciones estrictas y el decomiso de bienes valorados en 15 millones de pesos.
Las solicitudes finales del órgano acusador incluyen que todas las penas se cumplan en los centros de corrección de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, así como la prohibición de ocupar funciones públicas y la pérdida de derechos civiles y políticos.
El juicio continúa, pero el Ministerio Público ha dejado claro que busca sentar un precedente: el saqueo del Estado no quedará impune.
