El Ministerio Público había señalado que no existían condiciones para juzgar al imputado en dicha jurisdicción.
LA VEGA, República Dominicana.– El Ministerio Público anunció que apelará la controvertida decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que declaró extinta la acción penal contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), presunto cabecilla de una red internacional de lavado de activos ligados al narcotráfico.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, afirmó que el equipo legal ya se prepara para recurrir formalmente la sentencia, emitida en respuesta a un incidente planteado por la defensa del imputado.
El tribunal, conformado por las juezas Lucrecia Rodríguez, Julissa Candelario y Carmen Miledys Sánchez, acogió la petición de la defensa, anulando el proceso penal.
“Esto no ha terminado, y el Ministerio Público va a ejercer todos los recursos legales disponibles para garantizar que este caso llegue a juicio”, declaró García Martínez.
Recordó que, salvo el auto de apertura a juicio, todas las decisiones previas en este proceso han sido apeladas, y en su mayoría revertidas por instancias superiores.
Una red que blanqueó miles de millones a nivel internacional
La fiscal explicó que la estructura criminal vinculada a Micky López movilizó más de 8 mil millones de pesos en el sistema financiero, lavando capitales obtenidos del tráfico de drogas en Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
El grupo también servía como sostén financiero de otras redes criminales, haciendo pasar dinero ilícito como recursos legales mediante múltiples mecanismos de blanqueo.
Ante múltiples irregularidades, el Ministerio Público incluso solicitó una declinatoria por sospecha legítima, señalando que no existían condiciones adecuadas para juzgar al imputado en la jurisdicción de La Vega.
“Tuvimos que actuar así tras observar vínculos de amistad y otras situaciones que comprometían la imparcialidad”, explicó García Martínez, quien recordó que cuatro jueces se inhibieron durante el proceso.
Los plazos deben analizarse según la complejidad del caso
Con respecto al tiempo transcurrido desde el inicio del expediente en 2020, la fiscal subrayó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los plazos judiciales deben ser evaluados considerando las circunstancias particulares, el comportamiento del tribunal y la complejidad del proceso.
“Este es un caso declarado complejo, y así como ocurrió con el Caso Odebrecht, hay jurisprudencia que respalda esta visión más realista de los tiempos procesales”, enfatizó.
Aseguró que el Ministerio Público no permitirá la impunidad y continuará luchando por llevar a juicio a quienes manejaron fortunas provenientes del crimen organizado.
