El empresario envió una carta formal al Ministerio Público ofreciendo colaboración
Santo Domingo.– Tras la tragedia que enluta a República Dominicana con la muerte de 231 personas en el colapso de la discoteca Jet Set, el empresario Antonio Espaillat, gerente de Inversiones E Y L, SRL —empresa responsable del establecimiento— se puso formalmente a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación que se ha iniciado.
En una carta enviada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y recibida el martes 15 de abril, Espaillat expresó su “entera disposición” a cooperar con el proceso judicial. En el documento, fechado el día anterior, también informa que ha designado al abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez como su asesor jurídico en el caso.
“Estamos atentos a cualquier requerimiento de su digno despacho”, señala Espaillat en su misiva. El empresario subraya su compromiso con la verdad y asegura que tanto él como su empresa asumen el proceso “con seriedad y compromiso”.
Además, la carta reconoce el profundo impacto humano de la tragedia: “Somos conscientes del profundo dolor que embarga a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad dominicana en su conjunto, dolor que compartimos con genuina consternación”.
El colapso del Jet Set, ocurrido la noche del pasado sábado, dejó una cifra devastadora de fallecidos y cientos de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más graves en un centro de entretenimiento del país. Aún se investigan las causas del desplome de la estructura, mientras familiares exigen justicia y respuestas claras sobre lo ocurrido.
La iniciativa de Espaillat de contactar directamente al Ministerio Público busca, según explicó, respaldar la labor investigativa del órgano, al que definió como “garante del interés general y de la búsqueda de la verdad”.
El gesto del empresario ha generado diversas reacciones en la opinión pública. Algunos lo interpretan como una actitud responsable ante una crisis sin precedentes; otros exigen que no se limite a la colaboración pasiva, sino que se determinen con claridad las responsabilidades empresariales y legales tras el desastre.
La Fiscalía del Distrito Nacional aún no ha emitido una declaración oficial sobre la carta, pero fuentes cercanas al Ministerio Público confirmaron su recepción. Mientras tanto, las investigaciones avanzan con el objetivo de establecer si hubo negligencia estructural o incumplimiento de normativas por parte de los operadores del local.
Con el país aún en estado de duelo, las autoridades enfrentan el reto de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas de una noche que cambió la historia reciente del entretenimiento nocturno dominicano.
