El fallo impide expulsar a extranjeros a terceros países sin garantías legales
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) — El presidente Donald Trump ha recibido un revés judicial significativo. Un juez federal dictaminó este viernes que el Gobierno de Estados Unidos no podrá deportar a personas no estadounidenses a terceros países —es decir, naciones distintas a su lugar de origen— sin ofrecerles el debido proceso. La decisión tiene un objetivo claro: evitar que personas vulnerables sean enviadas a entornos donde podrían ser perseguidas, torturadas o incluso asesinadas.
El magistrado Brian Murphy, en su resolución recogida por ABC News, subrayó que el actual sistema permite deportaciones a terceros países incluso cuando hay riesgo de muerte, sin que los afectados tengan la oportunidad de advertir a las autoridades ni plantear temores razonables. “El gabinete de Trump ha aplicado y seguirá aplicando esta política sin previo aviso ni oportunidad para que los migrantes sean escuchados”, señaló el juez. “Eso viola el debido proceso”.
El fallo es una respuesta directa a los intentos de Trump por endurecer la política migratoria a través de medidas de fuerza que eluden las garantías básicas del sistema judicial. En particular, el juez alertó sobre la posibilidad de “daño irreparable” a quienes puedan ser enviados a países donde no tienen acceso a recursos legales y donde su integridad corre peligro.
Esta resolución judicial también obliga a la Casa Blanca a notificar con antelación a los extranjeros afectados y darles al menos 15 días para solicitar la reapertura de sus casos. Durante ese periodo, deben poder expresar sus preocupaciones sobre su seguridad, una protección mínima que hasta ahora no se garantizaba en muchos procesos de deportación.
La decisión judicial se produce tras una polémica reciente: el intento de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros —una norma de tiempos de guerra— para justificar el envío de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador. Dos aviones cargados con personas detenidas fueron dirigidos a la megacárcel CECOT, una prisión de máxima seguridad conocida por su dureza. El operativo se ejecutó sin audiencias previas ni procesos legales que verificaran la legitimidad de las deportaciones.
La administración Trump defendió el movimiento como una medida de seguridad nacional, pero el juez Murphy lo consideró un abuso de poder que atropella los derechos fundamentales de los migrantes.
“Estas acciones crean un precedente peligroso: que cualquier persona extranjera pueda ser enviada a un tercer país, incluso si eso supone una amenaza directa para su vida”, advirtió.
Organizaciones de derechos humanos han aplaudido la resolución como una victoria clave en medio de una política migratoria marcada por la dureza y la falta de transparencia. “Es un paso crucial para frenar la deshumanización del sistema de deportaciones”, afirmó una portavoz de Human Rights Watch. “El debido proceso no es opcional. Es un derecho básico”.
Aunque la Casa Blanca aún puede apelar la decisión, el fallo del juez Murphy marca un punto de inflexión en el debate sobre inmigración en Estados Unidos. Más allá de los aspectos legales, lo que está en juego es la vida y la dignidad de miles de personas que buscan protección frente a contextos de violencia y persecución.
En un año electoral y con el debate migratorio en primer plano, esta sentencia podría tener repercusiones políticas de largo alcance. La administración Trump se enfrenta ahora a un dilema: persistir en su línea dura o adaptarse a las restricciones legales impuestas por los tribunales.
Por ahora, lo que está claro es que ningún gobierno —ni siquiera uno respaldado por una narrativa de “seguridad nacional”— puede operar al margen de los principios básicos de justicia. El debido proceso, recordó el juez Murphy, es una línea que no debe cruzarse.
