Los pandilleros haitianos podrían ser enviados a penales de El Salvador, junto a miembros de grupos como el Tren de Aragua
La escalada de violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes: 2,660 personas asesinadas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mientras Estados Unidos estudia la posibilidad de que las pandillas y sus patrocinadores sean declarados terroristas.
Entre las víctimas intencionales se encuentran 323 mujeres y 74 niños, todos víctimas de asesinatos intencionales, de acuerdo al informe citado por el diario Le Nouvelliste,,
El reporte muestra un aumento del 41.3% en comparación con el trimestre anterior, lo que refleja un país sumido en el caos total. Las pandillas no solo intensifican su dominio territorial, sino que avanzan hacia un objetivo claro: tomar el control total de Puerto Príncipe. El Estado haitiano, debilitado y sin apoyo suficiente, está en peligro de colapsar.
Ni la policía ni el ejército logran contener la violencia
La Policía Nacional de Haití y el Ejército han sido incapaces de frenar el avance de las bandas armadas, y sin respaldo internacional, su misión resulta casi imposible.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para celebrar su primera reunión sobre la crisis haitiana, tras recibir el 24 de febrero una carta con recomendaciones estratégicas sobre posibles líneas de apoyo.
La expectativa es que los miembros del Consejo expresen una profunda preocupación por el deterioro acelerado del país, donde cada día las bandas ganan más poder y control.
Estados Unidos evalúa declarar terroristas a las pandillas haitianas
En una medida sin precedentes, Estados Unidos considera declarar terroristas a las pandillas haitianas y a sus patrocinadores. Esto permitiría que los acusados cumplan condenas en penales de máxima seguridad, como los de El Salvador, junto a miembros de grupos como el Tren de Aragua.
Las bandas Viv Ansanm, activas en Puerto Príncipe, y Gran Grif, con base en la región de Artibonite, estarían entre las primeras en ser catalogadas bajo esta categoría. Esta designación como organizaciones terroristas extendería la jurisdicción estadounidense a quienes les proporcionen apoyo logístico, financiero o armamentístico —incluyendo funcionarios del gobierno haitiano.
De concretarse esta política, quienes colaboren con las pandillas enfrentarían penas más severas y sanciones antiterroristas. Varios cabecillas ya enfrentan cargos penales federales en EE.UU. por el secuestro de ciudadanos estadounidenses, y sobre algunos pesan recompensas millonarias.
La posible medida marcaría un giro radical en la postura de Washington frente a la crisis haitiana, y podría ser el primer paso hacia una respuesta internacional más firme ante la creciente amenaza del crimen organizado en el país vecino.
