Dahiri Espinosa eliminó casi 378 mil registros tras elecciones de 2020
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La justicia dominicana ha marcado un hito en la lucha contra los crímenes tecnológicos dentro del aparato estatal. La Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a Dahiri Miguel Espinosa Guerra, exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por la eliminación masiva de datos sensibles pertenecientes a esa institución pública.
El fallo también incluye el pago de una multa equivalente a cincuenta salarios mínimos, como sanción por violar el artículo 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La condena fue dictada tras una investigación liderada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), encabezada en su momento por el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas.
Durante el proceso judicial, el fiscal Merlin Mateo Sánchez demostró que Espinosa Guerra, en su condición de funcionario público, manipuló de manera dolosa los sistemas informáticos de la Digeig. En total, fueron eliminados 377,969 registros cruciales después del 5 de julio de 2020, fecha en que se celebraron las elecciones presidenciales.
Entre los archivos borrados se encontraban plataformas estratégicas como SAIP, usada para denuncias ciudadanas y solicitudes de información pública; SYSPLAN, vinculada a la planificación institucional; y la carpeta IPAC, un sistema clave para la iniciativa de participación anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas.
El tribunal determinó que el acto fue deliberado y que buscaba sabotear la continuidad y transparencia de los procesos institucionales en un momento crítico de cambio de gestión gubernamental. La sentencia establece que Espinosa Guerra deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Este caso representa un precedente relevante en la protección de los datos públicos y el uso ético de las tecnologías dentro del Estado. La sanción a Espinosa Guerra envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de manipular información estatal con fines ajenos al interés público.
Las autoridades han reiterado su compromiso de fortalecer la ciberseguridad gubernamental y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes en la administración pública dominicana.
