La medida forma parte de una estrategia para controlar el flujo migratorio irregular, principalmente desde Haití
A partir de este lunes, el gobierno de la República Dominicana implementa un nuevo protocolo migratorio que obliga a los extranjeros a presentar documentos legales para acceder a servicios médicos en la red hospitalaria pública.
La medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a controlar el flujo migratorio irregular, principalmente desde Haití, y garantizar la soberanía y el orden institucional del país.
La disposición responde a una de las 15 medidas anunciadas recientemente por el presidente Luis Abinader, quien advirtió sobre el impacto que la crisis en Haití está teniendo en la frontera dominicana y en los servicios públicos nacionales, en especial en el área de salud.
Nuevos requisitos para recibir atención en hospitales de la red pública
El nuevo protocolo establece que todo extranjero que acuda a un hospital público deberá presentar al menos uno de los siguientes documentos: identificación oficial, carta de trabajo que avale su estatus legal en el país, y/o comprobante de residencia vigente.
La normativa será implementada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con apoyo del personal médico.
Además, se establecerá una tarifa específica para los servicios brindados a ciudadanos extranjeros, buscando equilibrar los costos asumidos por el Estado dominicano ante la alta demanda de atenciones no planificadas.
Repatriación inmediata tras atención médica en caso de irregularidad
El presidente Abinader fue claro al indicar que, en caso de que el paciente no cumpla con los requisitos migratorios exigidos, será igualmente atendido por razones humanitarias, pero será repatriado inmediatamente tras su recuperación.
Como parte de esta nueva política, cada hospital contará con un agente migratorio permanente encargado de verificar la documentación de los extranjeros y garantizar la correcta aplicación del protocolo.
Con estas medidas, el gobierno busca proteger los recursos públicos, asegurar el acceso justo a los servicios de salud y reforzar el control migratorio, en un contexto regional marcado por la inestabilidad en Haití y la creciente presión sobre los sistemas nacionales.
