El gobierno dominicano responde a Haití y defiende sus políticas migratorias
Santo Domingo, República Dominicana, 24 de abril de 2025. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió este miércoles al comunicado del Consejo Presidencial de Transición de Haití con un mensaje claro: el país está comprometido con los derechos humanos, pero también con la defensa de su soberanía y seguridad.
Como miembro fundador de las Naciones Unidas, la República Dominicana se adhiere a los principios universales de respeto a la dignidad humana. Sin embargo, dejó en claro que ejercer su derecho soberano a controlar su política migratoria no es solo legal, sino necesario frente a la grave crisis que atraviesa su país vecino.
El comunicado reafirma que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se realizan bajo el marco de la ley y conforme a los protocolos establecidos. Lejos de ser una medida arbitraria, el gobierno señala que estas acciones son parte de su deber irrenunciable de preservar el orden público y la estabilidad nacional.
La crisis institucional, humanitaria y de seguridad que vive Haití ha desbordado sus fronteras, generando una creciente presión migratoria sobre la República Dominicana. Ante este panorama, las autoridades dominicanas han intensificado medidas preventivas para proteger su territorio frente a los riesgos reales que supone una posible expansión de la violencia.
- El gobierno también advirtió sobre la actividad de redes criminales dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, fenómenos que no solo violan los derechos de los más vulnerables, sino que alimentan ciclos de explotación y violencia. La lucha contra estas mafias es, según el comunicado, una prioridad del Estado dominicano.
No obstante, la postura del gobierno dominicano no es de confrontación. Se expresó dispuesto a mantener un diálogo abierto, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y los organismos internacionales. Esta voluntad de cooperación ha sido constante, según afirman, y responde a una visión de vecindad solidaria.
Aun así, el mensaje es firme: ningún país puede renunciar a su derecho —y obligación— de proteger su integridad territorial. La defensa de la paz interna, la seguridad de los ciudadanos y la convivencia pacífica son principios no negociables para el Estado dominicano.
En un contexto marcado por la inestabilidad regional, el gobierno de la República Dominicana busca equilibrar su compromiso con los derechos humanos con la necesidad de garantizar la seguridad nacional. Las decisiones adoptadas, según su posición oficial, responden no solo a los desafíos actuales, sino a una visión responsable del papel del Estado frente a su ciudadanía.
El llamado final fue claro: responsabilidad compartida, respeto mutuo y colaboración efectiva son esenciales para superar una crisis que trasciende fronteras. Mientras tanto, la República Dominicana continuará actuando conforme a su Constitución y sus leyes, con la firme convicción de que proteger a su población es una prioridad innegociable.
