No es usual encontrar evaluaciones del desempeño nacional en materia de politología, La Academia Dominicana de Ciencias Políticas (ADCP), toma la iniciativa de hacerlo someramente.
En tal sentido, indicamos que la constitucionalidad, la institucionalidad y la democracia son valores que no gozan de respeto del gobierno ni de la oposición sino que se entiende que son mercancías con las que se puede traficar en función de los intereses en juego de las partes.
La ADCP entiende que esta es una mala práctica que no debió ocurrir en el año que recién finaliza y que no debe repetirse en el año que comienza. No pretendemos realizar acciones prescriptivas pero entendemos de lugar que se sepan cuáles son los valores sobre los que descansa una democracia constitucional en construcción como lo es la dominicana.
Constitucionalidad e institucionalidad
La constitucionalidad es el baluarte sobre el cual se concretiza la institucionalidad democrática, por tanto, los actores políticos como la sociedad civil misma, deben proteger estos valores en tanto garantías de la libertad.
La institucionalidad del Estado es una meta a alcanzar, por tanto, los pronunciados matices sobre clientelismo político expresado en gastos al margen de las funciones de las instituciones, llámeseles nominillas, gastos en publicidad, comunicación política, ayuda a compañeritos o despotismo puro y simple, junto a soporte económico del agrado del partido en el poder, son males que deben ser enfrentados hasta solucionarlos si en verdad pretendemos crear una democracia estable y basada en valores.
Los partidos políticos tienen el rol de comunicar esos valores tanto a la sociedad civil como al gobierno, pues en el supuesto de que el partido de gobierno no los garantice entonces corresponde a la oposición asumir la dirección del Estado. Si estos roles se confunden entonces la democracia peligra y el rol de los partidos queda como materia pendiente. De ahí nace el declive que se observa en el sistema de partidos políticos dominicanos los cuales no fueron capaces de adaptarse a la legislación electoral y de partidos que se han promulgado con miras a su institucionalización, pero que, sin embargo, han tenido el efecto contrario.
Falta de transparencia
Es sintomático el hecho de que las políticas públicas de las diferentes instituciones públicas no son transparentes. Se observa que más que cumplir el mandato de la ley, se esfuerzan por complacer las directrices del caudillo de turno y así no se construye un estado democrático. El llamado gobierno virtual, es una máscara que nada dice sobre la realidad imperante. Esto impide que la sociedad civil pueda ser un veedor eficaz.
En 2019, el primero de todos los derechos ciudadanos de la democracia fue puesto en cuestión: el voto. No porque la ciudadanía dejase de ejercer este derecho-deber sino porque el órgano encargado de la diafanidad del proceso no estuvo a la altura de las circunstancias. Situación que dio lugar a serios cuestionamientos que todavía inciden sobre la credibilidad de ese órgano. Es de esperarse, que teniendo como tenemos en el presente año, casi tres procesos electorales, en todos los niveles, no se repitan los negativos acontecimientos que fracturaron hasta la división a algunos partidos y bajaron grandemente la credibilidad del órgano organizador del proceso electoral.
El Gobierno Central entendió, durante el pasado año de 2019, que los problemas nacionales se resuelven con una millonaria política comunicacional que aniquila la opinión pública y con endeudamiento. Este tipo de políticas no son a juicio de ADCP mecanismos de solución de los problemas nacionales, por tanto, hace un cordial llamado a elaborar políticas públicas focalizadas, a no endeudarse y a luchar por una opinión pública libre.
Gestión del Congreso Nacional
La ADCP felicita al Congreso Nacional por el desempeño logrado en 2019, se continuó con la votación de leyes que van colocando la legislación infra constitucional en consonancia con los objetivos programáticos de la Constitución para consolidar el Estado Democrático de Derecho desde la perspectiva de su legalidad funcional. Sin embargo, el Congreso Nacional tuvo dificultad en cumplir con el artículo dieciséis de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, en el sentido de que donde no existe división de poderes o congreso independiente del poder ejecutivo, no hay constitución. La nueva conformación del Congreso, los nuevos bloques, no serán tales si no son capaces de distinguir su rol frente al Poder Ejecutivo.
La Administración de justicia no ha tenido un buen año se observa que la adaptación que el Congreso ha conseguido en materia de poner la legislación en consonancia con la Constitución ha tenido poca o ninguna repercusión en la Administración de justicia. El juez dominicano continúa siendo ultra conservador e incapaz de adaptarse con celeridad al cambio. Postura que no se compadece con la celeridad y los cambios tecnológicos del siglo XXI que vivimos.
Por otra parte, el Poder Municipal, aquel en que el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte cifro sus esperanzas de una democracia real, continúa siendo una cenicienta pues los alcaldes todavía no alcanzan a comprender el alcance ni los límites del gobierno municipal como tampoco entiende que allí es donde nace la democracia. Por tanto, la ADCP espera que las elecciones municipales de febrero cambien esta panorámica donde el pueblo tendrá la oportunidad de escoger a sus mejores hombres y mujeres públicos del plano municipal. Esto es: escoger lideres democráticos reales desterrar el arrastre y construir una democracia verdadera con líderes que no obedezcan más que a las leyes y a sus pueblos.
Igual meta habrá de precisarse en mayo en los planos congresual y el plano nacional con la escogencia de senadores, diputados, vicepresidente y presidente de la república. Dichas elecciones habrán de confirmar la nación como una que transita el siglo XXI. Para tal fin, es esencial, que la junta Central Electoral (JCE), se coloque a la altura de la responsabilidad que han asumido sus integrantes de cara a la nación y no solo al poder.
En la ciudad de Santo Domingo, distrito Nacional de la republica Dominicana, a los diez (10) días del mes de enero de 2020.
Consejo Directivo de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas
Presidida por su Presidente
Urías Espaillat
