El Juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias, advirtió a la Junta Central Electoral (JCE) que tiene la obligación de cumplir a cabalidad su función de organizar y arbitrar con imparcialidad y transparencia las elecciones, de manera que no pueda interferir ningún otro sector o poder a lo externo para cometer fraudes ni distorsionar la voluntad popular, como ocurrió el pasado 16 de febrero.
El juez electoral atribuyó el fracaso de las elecciones municipales de febrero a una consecuencia de la actuación de los jueces de la JCE, tras considerar que “cuando se actúa con independencia, autonomía y rectitud, nada ni nadie puede vulnerar la voluntad popular, cosa ésta que puede evitarse cuando el órgano electoral funciona bien y con seriedad”.
Madera Arias afirmó que de manera irregular se le ha querido atribuir lo sucedido con las pasadas elecciones, al técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez, y al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, miembro de la escolta del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader Corona, “lo que se puede interpretar como un deseo de hacerle daño al principal líder de la oposición”.
“Esas acusaciones puede tener como objetivo afectar a Luis Abinader en sus aspiraciones presidenciales, porque hasta el día de hoy, como aspirante a la primera magistratura del Estado él encabeza todas las encuestas que se han publicado”.
El juez electoral hizo estas valoraciones en la sentencia número TSE-HC-001-2020, dada a conocer este viernes por la alta corte jurisdiccional, en la cual Madera Arias, por primera como juez penal electoral, decidió una acción de habeas corpus que interpuso el técnico Regalado Martínez, quien fuera acusado por el ministerio público de cometer delitos electorales. En una audiencia celebrada el pasado 22 de febrero Maderas Arias ordenó su libertad.
“Hemos hecho este enfoque, porque se ha querido buscar como culpables a dos ciudadanos inocentes para atribuirles el colapso del sistema de votos automatizados, en violación de los derechos fundamentales de esas personas, que a todas luces no han cometido los hechos que les imputan”, expresó el juez en su sentencia.
Afirmó que una acción de esa naturaleza en contra de Abinader constituye a todas luces una arbitrariedad y un abuso de sus derechos fundamentales, que como juez electoral y custodio de la democracia, él nunca va a tolerar, ni se convertirá en cómplices de faltas, descuido, irresponsabilidad o de cualquier otro asunto que la Junta Central Electoral estaba en la obligación de evitar.
Consideró inaceptable que la JCE pretendiera descargar su irresponsabilidad y su falta de cumplimiento de sus deberes y las obligaciones constitucionales sobre otras personas indefensas, que nada han tenido que ver con el fracaso del voto automatizado, impuesto fuera de consenso por los miembros de la JCE.
Con respecto al rol que debe jugar la JCE, el juez Madera Arias criticó que en el presente proceso electoral, sus actuaciones sean cada día menos transparentes y menos confiables, motivo por el cual no se le puede atribuir culpabilidad, ni responsabilidad de lo sucedido a ningún sector de la sociedad, ni al gobierno, ni al partido de gobierno, ni a los partidos de oposición, ni a los poderes facticos.
Argumentó que cuando la Junta Central Electoral actúa con independencia, equidad, transparencia y rectitud, nada ni nadie la puede permear, ni influenciar en ella, y mucho menos permitir injerencia de sectores externos en sus asuntos internos o dejarse sobornar y chantajear.
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“En consecuencia, cuando la Junta Central Electoral actúa con independencia, autonomía y rectitud, nada, ni nadie puede vulnerar la voluntad popular, cosa ésta que pudiera evitarse cuando el órgano electoral funciona bien y con seriedad” dice la sentencia.
Según el juez Madera Arias, la falta de cumplimiento de las responsabilidades y las obligaciones jurídicas y morales de parte de la JCE, por el hecho de no haber garantizado la integridad electoral, constituye un hecho al cual hay que prestarle mucha atención, para que en la República Dominicana no se produzca el contagio, ni se replique un fenómeno que se ha convertido en viral en América Latina y el Caribe, “en cuya región se está viviendo en la época de la denominada democracia fatigada”.
Señaló que esta situación está motivada por falta de transparencia, arbitrariedades, abusos o excesos de poder y las exclusiones que se hacen en perjuicio de diversos sectores, los cuales reclaman participación en la toma de decisiones, y que cada día adquieren más conciencia ciudadana y reclaman más derechos y reivindicaciones.
Añadió que al serle denegadas sus pretensiones, ha ido provocando en muchos países una especie de cansancio de la democracia, cosa ésta que en el presente proceso comicial, la Junta Central Electoral está obligada a evitar que se produzca en la República Dominicana, la cual las últimas décadas ha disfrutado de estabilidad democrática, política, institucional, jurídica y económica.
Reiteró que si la JCE cumple su objetivo con cautela, responsabilidad u transparencia, es indiscutible que todo tiene que salir bien y nadie la va a manipular, porque corrompen al que se deja corromper y manejan al que se deja manejar.
“El 16 de febrero hubo una situación muy irregular, una violación a la Constitución de la República, que nunca se había dado en el país desde el 1844 en la República Dominicana que constituye una especie de golpe de estado institucional, que es un caso muy grave, porque hay que respetar el orden constitucional de la Republica Dominicana, es un hecho que amerita darle respuesta y satisfacción al pueblo dominicano como el soberano y depositario de la voluntad popular”, argumentó en la audiencia.
Sostuvo que la constitución le da independencia técnica administrativa y presupuestaria tanto el TSE como a la JCE, y que por eso la Junta está en la obligación de blindarse y de darle respuesta al pueblo de respeto a los derechos de la soberanía popular, que se ejerce mediante el sufragio.
“Al no haber sucedido eso, se pone en juego la institucionalidad democrática, porque los derechos ciudadanos de elegir y ser elegible están muy por encima de los derechos fundamentales, porque si colapsa la democracia, colapsa el clima de paz, seguridad y de inversión, el derecho de transido no se garantiza, ni se garantiza el derecho a la vida, ni a la libertad de expresión y ni ningún otro derecho”, indicó.
