Es obvio que Luis Abinader es el presidente que asume la Presidencia de la República en la situación más compleja que presidente alguno haya asumido, no se ha juramentado y ya debe enfrentar una gran variedad de peticiones desde diferentes litorales. No solo por la pandemia que nos azota, no solo porque es un gobierno de minoría, no solo porque enfrentará a una oposición variopinta sino por los conflictos sociales que habrá de enfrentar.
Buen ejemplo de lo que decimos es la propuesta que le hace el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel Luna, aparecidas en este diario el domingo 12 del cursante mes de julio de 2020, solicitándole que empiece ya a implementar la ley sobre garantías mobiliarias No. 45-20. Este sector, al momento que saluda al presidente electo, le presiona para que la indicada ley sea puesta en aplicación a la mayor brevedad, bajo la falsa premisa de que la misma favorece a la micro, pequeña y la mediana empresas.
Nada más alejado de la verdad, esa ley, de ser aplicada en la forma en que ha sido aprobada por el Congreso Nacional, perjudicará, hasta hacer desaparecer, al sector que dice defender; también extinguirá el crédito porque las MIPYMES y los consumidores no podrán comprar a crédito nada. Es un regalo envenenado que si el presidente electo no se despabila, ocasionará daños irreparables a la economía nacional.
En primer lugar, porque no fue consensuada con las organizaciones de consumidores y, al parecer, tampoco con la micro, la pequeña y la media empresa. Es una ley hecha para lograr una concentración de capitales en pocas manos como nunca ha existido una en el país, y para hacer desaparecer a los sectores que dice favorecer. Es una ley aprobada por un congreso que operaba bajo la dirección del Poder Ejecutivo saliente sin la más mínima ecuanimidad ni respeto por los sectores involucrados. Resulta vergonzoso que un líder empresarial no sepa distinguir un regalo envenenado de uno que no lo es. Su sector debió promover una ley de equilibrio en el comercio no de desequilibrio.
En la covidianidad que atravesamos, esa ley es inaplicable. El señor Luna y el sector que representa, están mostrando una insensibilidad social que raya en lo absurdo porque, en la coyuntura actual, más que promover una ley que contempla embargos y adjudicaciones en línea, a nivel de un clic, lo idóneo sería que se proponga potenciar, por ejemplo, la Ley 141-15 que promueve la reestructuración de empresas, nunca la desaparición vía embargos de empresas comerciales y personas físicas en dificultad. El crédito, a decir de Rosa Luxemburgo, permitió al capitalismo socializar el capital y lograr un equilibrio social que hacia posible luchar solo por reformas sistémicas dentro del capitalismo dando así lugar a la aparición del denominado capitalismo social. Una ley como la 45-20 hace exactamente lo inverso, retrotrae el capitalismo hacia sus más degradantes momentos de insensibilidad social, lo cual resulta inconstitucional y desestabilizador.
Al parecer, el presidente electo, tendrá que pedir a Dios que lo cuide de sus amigos, pues con amigos como los de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo el país entrará en una crisis peor a la que padece en los momentos actuales; se agravará la crisis y la rebeldía social se apoderará del pueblo, el cual, observará con pavor, que el capitalismo en lugar de hacerse social, en lugar de democratizarse, se estará concentrando cada vez en menos manos y culpará de ello al nuevo presidente. Por tanto, la salutación a un nuevo gobierno, a un nuevo presidente, jamás debe conllevar la malsana intención de inducirlo a error.
Esa ley debe ser revisada nueva vez en el Congreso Nacional ante que ponerla en vigencia mediante el reglamento que se plantea, pues inobservó un conjunto de leyes que les son complementarias que si son cónsonas con el Estado social, con la crisis actual y con los objetivos que el nuevo presidente tiene en su carpeta. Pero una ley que derogó una gran parte del Código Civil, del Código Procesal Civil, de la ley sobre sociedades comerciales y del Código de comercio no puede ponerse en ejecución sin que ello implique la desaparición automática del crédito y de las MIPYMES.
Es lamentable que sectores que se dicen democráticos, sean los que conspiren con mayor vehemencia contra la democracia que dicen defender y contra aquellos de quienes dicen ser amigos. Ya estamos viendo que el país no está preparado para una administración de justicia digitalizada y virtual, peor ocurre con los odiosos embargos, cuando el Estado Social lo que prevé es una legislación donde la cooperación, la cohabitación, la colaboración y la asociación de los ciudadanos como colectivos a auto protegerse, queden librados de amenazas letales. Esta ley es un veneno que mata a las MIPYMES, por tanto, antes que solicitar al presidente electo que la implemente, debe solicitársele lo contrario.
El momento es para aunar no para dispersar esfuerzos, el crédito no debe desaparecer sino consolidarse sobre bases equitativas donde la legislación nunca persiga el que un sector absorba a otro. Un buen complemento podría ser exhortar al nuevo presidente a que ponga en ejecución la Ley 249-17 que moderniza y crea bases jurídicas sólidas para la implementación de un mercado de valores que si abarataría el crédito y si permitiría la sobrevivencia de las MIPYMES. O, lo que es lo mismo, contribuiría a democratizar la inversión convirtiendo en socios de muchas empresas a buena parte de la población incluida la clase obrera.
El país está llamado a superar el capitalismo salvaje que lo caracteriza. De modo que el nuevo presidente debe desoír los consejos de amigos que pretenden hundir la nación con tal de ganarse unos pesos. El nuevo gobierno comienza a perfilarse como un gobierno de empresarios, quizás requiera un gobierno empresarial, que es una cosa diferente pero solo podrá hacerlo si se democratiza el crédito nunca aprovechado cualquier situación de crisis para a cualquier amago de insolvencia incautar el capital de las MIPYMES. DLH-12-7-2020
